proyecto habitando:
Producción Social del Hábitat en las provincias de Córdoba y Santa Fe
Habitando trabaja en 50 municipios y comunas de las provincias de Santa Fe y Córdoba con el objetivo de generar y fortalecer iniciativas de vivienda para sectores pobres, a través de modelos participativos integrales.
El Proyecto Habitando repudia los desalojos y los hechos de violencia que se vienen produciendo en diferentes regiones de Argentina y constituyen actos discriminatorios que violan la dignidad y los derechos humanos a la vida, a una vivienda adecuada y a la seguridad de las personas afectadas.
Los desalojos forzosos, es decir, cuando personas, familias o comunidades enteras son obligadas a salir de sus hogares o de las tierras que ocupan sin que el Estado -en sus diferentes niveles- les ofrezca medios de protección jurídica o de otro tipo, constituyen una violación a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
En los últimos años se han producido un incremento de desalojos forzosos en nuestro país. La especulación inmobiliaria acrecentada después de 2001, las grandes obras y ‘desarrollos’ urbanísticos, y el auge de las agroindustrias han producido un acelerado aumento de los valores de la tierra en las ciudades y en el campo y han provocado el desalojo masivo de personas y comunidades de sus viviendas y tierras, la pérdida de su entorno y de sus medios de vida, y su consecuente empobrecimiento.
Ante este fenómeno y la falta de políticas integrales que atiendan esta problemática para facilitar el acceso al suelo y garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat dignos, los sectores más pobres se ven forzados a buscar soluciones espontaneas para poder procurarse un lugar para vivir, lo que impacta en un mayor crecimiento de las villas, asentamientos y ocupaciones.
La descalificación y criminalización de estas estrategias llevadas adelante por las familias pobres olvidan una vez más el derecho a una vivienda adecuada consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que establece que los Estados partes deben tomar medidas para asegurar “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
Asociación de Vivienda Económica
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